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A dos años de la entrada en vigencia de la Ley Karin (N° 21.643), según el más reciente informe de Buk, sobre una base de más de 1.340 empresas y 200.000 colaboradores muestra que la tasa de denuncias registradas en su canal se ha estabilizado en torno a 1 caso por cada 1.000 trabajadores al mes. Por tamaño de empresa, las micro y pequeñas organizaciones presentan la mayor tasa promedio mensual, con 1,9 denuncias por cada 1.000 colaboradores, frente a 1,7 en las medianas y 1,3 en las grandes empresas.


El comportamiento histórico muestra una estabilización de las denuncias tras el aumento registrado con la entrada en vigencia de la ley. Luego de alcanzar un máximo de 2,5 denuncias por cada 1.000 trabajadores en agosto de 2024, la tasa descendió gradualmente hasta mantenerse entre 0,93 y 1,09 durante el primer semestre de 2026. Además, en un mes promedio, más del 91% de las empresas no registra denuncias. 


"Los datos muestran que el sistema ya superó la fase de ajuste inicial y hoy opera con mayor estabilidad. Sin embargo, el gran desafío que observamos en las pymes tiene que ver con adoptar protocolos de manera ágil: es fundamental fortalecer el acompañamiento y entregar herramientas simples que faciliten el cumplimiento de la normativa en las organizaciones de menor tamaño. Estas brechas pueden estar relacionadas con una menor formalización de políticas o con la ausencia de un área de Recursos Humanos dedicada", explicó Lesley Warren, Head of Research de Buk


Del total de 4.269 denuncias registradas entre abril de 2024 y junio de 2026, 2.025 (47,4%) corresponden estrictamente a las tres causales contempladas por la Ley Karin. Dentro de este grupo, el acoso laboral concentra el 70,4% de los casos, seguido por la violencia en el trabajo (21,2%) y el acoso sexual (8,4%).



Por sectores de actividad económica, la minería encabeza la tasa con 4,26 denuncias por 1.000 trabajadores, seguida por Servicios (3,18). Por el contrario, Construcción (0,58) y Agricultura (0,81) muestran las tasas más reducidas, lo que podría responder a barreras de acceso digital y despliegue de canales de reporte en lugares más amplios o dispersos. 


A estos datos se suma un pulso realizado por Buk en julio de 2026 a 133 trabajadores. El 76% identifica la falta de conocimiento sobre la ley como uno de los principales obstáculos para su efectividad, mientras que el 59% menciona el miedo a represalias. 


Los resultados también muestran una brecha en el conocimiento de los canales de denuncia: el 50% de los encuestados señala que conoce el canal de su empresa y sabe cómo utilizarlo; un 22% sabe que existe, pero no sabe cómo usarlo; y un 28% desconoce si su organización cuenta con uno. Entre las razones declaradas para no utilizar el canal, destacan la desconfianza en la confidencialidad del proceso (37%) y el miedo a represalias (31%). 


Desde Buk vemos que el desafío de esta nueva etapa es avanzar desde la implementación formal hacia una implementación efectiva. La tecnología puede ser un habilitador de ese proceso, pero no reemplaza una gestión consistente ni una comunicación clara que permita a los trabajadores entender cómo actuar frente a una situación concreta”, concluyó Warren.

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