El panorama laboral en Chile atraviesa un punto de inflexión donde la digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia de supervivencia legal. Con la mirada puesta en abril de 2026, fecha en que la jornada laboral deberá reducirse a 42 horas semanales, las empresas enfrentan un ecosistema regulatorio más técnico y una fiscalización agresiva que no deja margen al error manual.
Según Ruben Soto, abogado especialista en normativa laboral, “el cumplimiento ya no es solo una intención, sino una capacidad operativa que muchas organizaciones aún no logran consolidar. El experto advierte que persiste una brecha crítica entre el deseo de cumplir y la trazabilidad necesaria para demostrarlo ante la Dirección del Trabajo”.
Las cifras de la autoridad confirman este diagnóstico. En el último periodo, la Dirección del Trabajo incrementó su actividad con 1.329 fiscalizaciones adicionales, revelando que el 65% de las empresas inspeccionadas terminaron con infracciones, con una multa promedio de $2.8 millones. Entre las materias más castigadas, destaca la incapacidad de exhibir documentación necesaria, que acumuló más de 23 mil sanciones, seguida de cerca por el manejo deficiente de los registros de asistencia y la falta de actualización de los contratos por escrito.
Para enfrentar esta realidad, Workera ha surgido como una alternativa y propone una hoja de ruta centrada en la eficiencia y la tecnología. En este sentido, Claudia Toledo, Product Manager de Workera, enfatiza que la "ansiedad normativa" se combate con orden y centralización. En un contexto donde el uso de libros de asistencia manuales es el principal generador de sobrecostos, desde la empresa destacan que la digitalización permite un control exacto que trasciende lo legal. “Empresas del rubro logístico que han adoptado estas soluciones lograron reducir el pago de horas extras en un 47%, generando ahorros superiores a los USD $50.000 mensuales”, aseguró Toledo.
Hacia 2026, el desafío se traslada a la modernización documental exigida por la Ley 21.327. La obligación de mantener contratos y anexos en el Registro Electrónico Laboral (REL) y el uso imperativo de la firma digital son pilares que la tecnología actual integra para evitar la dispersión de archivos. En este nuevo escenario, la exactitud en el cálculo de haberes, descuentos previsionales y la operatividad de los comités paritarios bajo la Ley 16.744 son fundamentales. Como concluye el abogado, la clave de la fiscalización moderna es la transparencia digital: si la información no es trazable y centralizada, para la autoridad simplemente no existe.