La implementación de la ley de 40 horas no admite improvisaciones. No es una reforma menor, ni tampoco un ajuste cosmético: implica rediseños operativos, contractuales y organizacionales profundos al interior de las empresas. Por lo mismo, exige certeza jurídica, anticipación y, sobre todo, una conducción técnica sólida por parte de la autoridad administrativa. Sin embargo, lo que hemos visto en esta nueva etapa dista de ese estándar.