42 horas: reforma sin productividad
Señor Director:
La reducción de la jornada a 42 horas constituye un avance relevante, pero su implementación ha estado marcada por una incertidumbre que no es menor. La norma original establecía un marco claro y gradual; sin embargo, los dictámenes posteriores de la Dirección del Trabajo —particularmente del gobierno anterior— introdujeron criterios cambiantes que tensionaron esa claridad inicial.
A ello se sumó una ley interpretativa que, si bien buscó aclarar aspectos de la implementación, lo hizo desconociendo en parte la realidad operativa de las empresas. Lejos de cerrar el debate, reforzó la sensación de inestabilidad regulatoria.
En el actual gobierno, la Dirección del Trabajo, en vez de ordenar oportunamente este escenario, tardó en confirmar criterios que en la práctica ya se venían aplicando, prolongando innecesariamente la incertidumbre. Este contexto generó una expectativa permanente de ajustes, debilitando la certeza jurídica necesaria para planificar y llevando a muchas empresas a postergar decisiones hasta etapas finales, con mayores costos de adaptación.
El desafío es claro: promover el empleo con reglas comprensibles, estables y coherentes con la realidad productiva. Con un desempleo por sobre el 8%, el sentido de urgencia en esta materia no puede seguir siendo secundario. El empleo no puede ni debe ser la única política pública pero es una de las más relevantes que en este mes y medio de instalación se ve poco.
Por Pedro Matamala Souper, Socio en Provoste Matamala Abogados.