El viernes pasado tras 30 años, la historia de Energy Fitness Club llegó a su fin. Miles de personas llegaron a su gimnasio y lo encontraron con las luces apagadas y un cartel de "cerrado por motivos operacionales". El reconocido gimnasio cerró sus 29 sedes a la vez y presentó solicitud de liquidación. La polémica surgió ante la gran cantidad de clientes con planes prepagados, que se preguntan que se puede hacer en estos casos.
El Banco Bci solicitó la quiebra de Energy Club debido a sus prolongadas dificultades económicas y al incumplimiento de su plan de reorganización. En la acción judicial, el banco detalló que la cadena arrastra serias deudas en cotizaciones previsionales, habiendo cancelado apenas $52 millones de un total de $240 millones a febrero. A esto se suma un millonario compromiso pendiente por IVA y un convenio con la Tesorería General de la República que asciende a los $1.363 millones.
Los clientes tienen derechos. La Ley del Consumidor protege a las personas cuando una empresa cobra por adelantado un servicio que luego no presta, que es exactamente lo que ocurrió aquí. El camino más directo es presentar un reclamo ante el SERNAC, que puede actuar colectivamente cuando los afectados son miles, como en este caso. También puedes recurrir al Juzgado de Policía Local de tu comuna para exigir la devolución proporcional de lo pagado. Antes de hacer cualquier gestión, guarda todos los comprobantes: boletas, correos de confirmación, capturas del cobro en tu tarjeta.
“Hay que ser honestos sobre las posibilidades reales. Energy está en liquidación, lo que significa que sus activos se repartirán entre acreedores según un orden legal. Los consumidores individuales no son preferentes — van después de los bancos, los trabajadores y el fisco. Eso no significa que no valga la pena reclamar, pero sí que la recuperación total es incierta y puede tardar. Si pagaste con tarjeta de crédito, tienes una vía adicional: el contracargo con tu banco, que en algunos casos permite revertir el cobro directamente”, señaló el abogado Felipe Alveal, Director y socio de Risolvo Legal.
El abogado sostiene que este caso expone un problema de fondo “en Chile es perfectamente legal cobrar planes anuales por adelantado sin ninguna garantía de que el servicio llegará hasta el final. La ley protege después del hecho, no antes”.
Los expertos aseguran que este episodio podría provocar una reacción positiva para los consumidores, es que el SERNAC y el Congreso tengan una razón concreta para discutir si los servicios de suscripción de largo plazo deberían exigir algún respaldo. Mientras eso no ocurra, el consejo es simple: en servicios prepagados, mientras más corto el período, menor el riesgo.