Ad portas del inicio de un nuevo gobierno, se espera que la Dirección del Trabajo reafirme su rol técnico y actúe estrictamente apegada a la norma. Su tarea es proteger los derechos de los trabajadores conforme a la legislación vigente y fiscalizar su cumplimiento, no legislar a través de dictámenes ni alterar, en los hechos, las reglas que fija el Congreso.
Para ello, las labores de inspección deben ejercerse con criterios claros, bajo principios de imparcialidad y probidad, evitando interpretaciones ideologizadas. La autoridad administrativa no puede transformarse en un espacio de militancia, sino en un garante de estabilidad normativa.
Asimismo, frente a las pequeñas y medianas empresas —que enfrentan mayores restricciones— resulta clave fortalecer un enfoque orientador que promueva el cumplimiento, más que una lógica meramente sancionatoria.
Un sistema laboral con reglas claras y criterios estables atrae inversión y favorece el empleo. En un contexto internacional incierto, Chile necesita autoridades que otorguen certeza jurídica y no cambien las reglas del juego de un día para otro.

Pedro Matamala, Socio en Provoste Matamala Abogados.