Una mujer asegura haber pagado $22 millones por una vivienda en una toma de Cerrillos. Otra afirma habría desembolsado $5 millones. Pero, independiente de las cifras y de las circunstancias particulares de cada persona, ambas declaraciones ponen sobre la mesa un problema que va mucho más allá de la ocupación irregular de terrenos: la compraventa de inmuebles sin respaldo legal y sin conocer las garantías mínimas que deben existir antes de entregar dinero.