En marzo de 2026, solo el 9% de los contratos registraba jornadas de 42 horas semanales. En abril de 2026 —mes en que entró en vigencia el segundo hito de la ley—, esa proporción subió al 40%.
El panorama laboral en Chile atraviesa un punto de inflexión donde la digitalización ha dejado de ser una opción para convertirse en una exigencia de supervivencia legal. Con la mirada puesta en abril de 2026, fecha en que la jornada laboral deberá reducirse a 42 horas semanales, las empresas enfrentan un ecosistema regulatorio más técnico y una fiscalización agresiva que no deja margen al error manual.
La implementación de la ley de 40 horas no admite improvisaciones. No es una reforma menor, ni tampoco un ajuste cosmético: implica rediseños operativos, contractuales y organizacionales profundos al interior de las empresas. Por lo mismo, exige certeza jurídica, anticipación y, sobre todo, una conducción técnica sólida por parte de la autoridad administrativa. Sin embargo, lo que hemos visto en esta nueva etapa dista de ese estándar.